Por JUAN LLADO
A veces es tan grande la frustración causada al no atisbar solución a los grandes problemas nacionales que un visceral deseo de resolverlos manu militari brota cual erupción volcánica. Los partidos políticos, quienes han sido responsables de los grandes cánceres que acogotan nuestro desarrollo, no se preocupan de proponer soluciones, aunque deban ser su tutela. Despojados hoy día de un vibrante sostén ideológico, sus energías se concentran en el proselitismo electoral para conquistar el poder y al diablo el país. Pero eso ya tiene que cambiar, aunque para ello se tenga que modificar la concepción del sistema.
Según una pedestre definición de Wikipedia, los partidos políticos son “entidades de interés publico creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional.” Son una “asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto.” De ahí que seleccionar los ciudadanos que integraran el equipo de la tutela del desarrollo deba acompañarse de plausibles visiones sobre el mismo.
La Ley No.1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) “ordena establecer y aplicar una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos políticos y mecanismos de monitoreo que aseguren el adecuado financiamiento, la transparencia en el uso de los recursos y la equidad en la participación electoral.” Nuestra Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos está inspirada en esa necesidad y misión. Su Artículo 13, acápite 5 incluye entre sus atribuciones “elaborar y ejecutar planes y programas políticos, económicos y sociales que contribuyan a solucionar los problemas nacionales en el marco de la transparencia, la honradez, responsabilidad, la justicia, equidad y solidaridad.”
Es decir, los partidos existen para, a través de su participación en la vida democrática, viabilizar el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Sin embargo, nuestros partidos dedican su mayores esfuerzos a la selección de miembros para los cargos públicos y soslayan la visión de desarrollo y los medios de ejecución. Si bien es cierto que siempre elaboran sus “programas de gobierno,”, también es cierto que estos no son consensuados entre la membresía y se abandonan, cual basura inservible, tan pronto se accede al poder. Esos programas tienden a ser reemplazados por las “metas presidenciales” y/o las preferencias de los incumbentes de los cargos públicos.
La mejor explicación de tal negligencia es la bifurcación de los intereses. Los partidos gestionan con mayor ahínco los intereses individuales en desmedro de su responsabilidad por los intereses colectivos. Por eso el proselitismo partidarista se enfrasca en la lucha por las candidaturas; nunca se ha visto en nuestro país que la lucha electoral sea centrada en la concepción de desarrollo. Los debates presidenciales dejan mucho que desear en ese aspecto. Para ilustrar los resultados perversos de tal práctica política basta con perfilar cuatro cánceres nacionales que se han convertido en deleznables retrancas del desarrollo producto del dolo partidario.
El gran problema del ansiado Pacto Fiscal ilustra la mala práctica y desidia partidarias. Ha sido la clase política la que, con su accionar irresponsable, ha manipulado las finanzas públicas en busca de ventajas electorales y generado la urgente necesidad de elevar la presión tributaria. Aun cuando hace más de dos décadas que se ha venido advirtiendo esa necesidad, los partidos hacen caso omiso y no aportan propuestas de solución. Su malicioso silencio esta obviamente inspirado por el cálculo de evitar enojos, pero la negativa a participar con propuestas en el debate hace daño a la nación.
Otro gran problema es la crónica disfuncionalidad del sistema eléctrico y los pesados subsidios que requiere. Mas allá de los apagones que han enfogonado a la población pobre por tanto tiempo, transitamos por un eterno déficit de energía que enclaustra las posibilidades del aparato productivo. El sobreprecio de Punta Catalina es solo una mancha del pasado: lo más trascendente son las pérdidas de las Edes. Ha sido el manejo político de estas distribuidoras lo que ha frenado la inversión en el mejoramiento de sus redes y sus cobros y ha sobrecargado la nómina con personal innecesario. Encaramos hoy un crecimiento de la demanda de energía que no se logra satisfacer.
Otro cáncer se aloja en el inframundo de nuestro sistema de educación pública. Las pruebas internacionales dan cuenta de que nuestros estudiantes no están asimilando los conocimientos que requiere nuestro aparato productivo y la IV Revolución Industrial. El manejo político se ha entronizado hasta llegar al colmo de que los maestros solo se preocupan por lograr incrementos salariales y soslayan la calidad de la enseñanza. El cuerpo directivo del sistema público esta gangrenado porque su filiación política es más importante que su calificación profesional. Y ni hablar de los requisitos de la igualdad de oportunidades a nivel territorial y de género.
El otro pandemonio nacional que los partidos ignoran olímpicamente es el del sector salud. Tenemos 1648 centros de atención primaria que no cumplen cabalmente su misión porque no disponen del personal adecuado ni consiguen el mobiliario y equipo requerido. Como el 80% de las atenciones médicas demandadas podrían atenderse en esos centros, su incapacidad acogota innecesariamente los hospitales públicos y crea enormes problemas logísticos a la población. A eso se añade que nuestro gasto en salud es solo de 1.9% del PIB cuando en América Latina el promedio es un 6%. Los partidos no dicen como lograr la mejora ni se interesan en definir la configuración del Sistema de Seguridad Social (si de reparto, de capitalización individual o mixto).
Estos cánceres configuran un tétrico panorama de los pilares fundamentales del desarrollo, lo cual desafía a un presidente cargado de buenas intenciones. Los partidos se niegan automáticamente, cual práctica política convencional, a arrimar el hombro participando activamente en la búsqueda de soluciones. No sorprende entonces que, de acuerdo con Latinobarómetro 2020, la institución de la democracia en que menos confianza tienen los ciudadanos de América Latina es precisamente en los partidos políticos (ver gráfica). Esa desconfianza amerita que se busque una formula nueva para asegurar que los partidos cumplan, en general con sus atribuciones electorales, y en particular en la búsqueda de soluciones a los más acuciantes desafíos del desarrollo nacional.
Una tormenta de ideas puede, por supuesto, producir muchas sugerencias de como espolear a los partidos para que se involucren genuinamente en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. Algunas podrían estudiarse más a fondo porque parezcan viables, otras deberán echarse al zafacón por ser inviables. La propuesta de quien esto escribe es que le presentemos a los partidos una competencia institucional creíble. Mas concretamente, que organizaciones no partidistas de la sociedad civil participen en las elecciones y figuren como los supervisores/monitores de los partidos. Bastaría con que una o varias organizaciones de la sociedad civil obtengan el reconocimiento de la JCE como “agrupación” para que puedan participar.
Por ejemplo, si Participación Ciudadana y FINJUS se presentaran conjuntamente como una alternativa a los partidos en las votaciones presidenciales –sin presentar ningún programa o propuesta de gobierno– la población podría expresar su descontento votando por la opción de la sociedad civil. Sería un voto de rechazo abierto a los partidos en vez de un voto de rechazo oculto. Para que esta alternativa esté al alcance de los electores nuestro Junta Central Electoral podría autorizar, mediante una resolución al efecto, la inclusión de una boleta de una o varias organizaciones de la sociedad civil. En dicha boleta se podría proveer al elector varias posibles motivos que justifiquen su elección de esa boleta y así se podría saber, al compilar y analizar los datos, las razones del rechazo a los partidos. Eso le proveería a ellos una guía para su propio mejoramiento.
Algunos argumentarán en contra de esta herramienta de monitoreo citando la incapacidad del ciudadano común para albergar opiniones bien documentadas. No es seguro que el ciudadano conozca las organizaciones de la sociedad civil ni tampoco que este claro acerca de su propia queja contra los partidos. Pero esto podría paliarse con una campaña publicitaria antes de la contienda. Lo importante es que haya una competencia contra los partidos y que estos eventualmente mejoren su accionar respecto a su participación en las cuestiones del desarrollo. Su visión pública del desarrollo debe figurar entre sus más importantes preocupaciones.
La grafica adjunta muestra que los partidos merecen el más bajo nivel de confianza de los ciudadanos latinoamericanos entre diferentes instituciones diferentes instituciones. Un análisis del Ministerio de Economia sobre el nivel de confianza en nuestras instituciones arrojo el más alarmante dato de que un 65% de los encuestados no tienen “nada” de confianza en los partidos, la institución de menos prestigio.
La sociedad no puede, pues, seguir delegando solamente en los partidos políticos la tutela de su desarrollo. Mantener esa delegación es confiarles esa delicada misión a entidades que hoy día tienen la peor reputación, las que le merecen la más baja confianza. Estamos, pues, compelidos a mejorar el sistema de partidos introduciendo un mecanismo para su evaluación. Afortunadamente, Seneca nos legó el siguiente aforismo: «No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos.»