domingo, enero 29, 2023

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Equidad por mandato constitucional (y 2)

La limitación de la riqueza individual sería un intermedio entre el totalitarismo y la libertad infinita del mercado. Junto a un sistema impositivo verdaderamente progresivo se tendría con eso una dupla insuperable. Se disminuiría la codicia y aumentaría la solidaridad entre los ciudadanos

Por JUAN LLADO

La desigualdad social crece en todo el mundo y los sistemas impositivos no logran el objetivo de hacer que los que más ingresos perciben paguen, proporcionalmente, más impuestos que los que menos perciben. Tampoco se cuenta con una fórmula que distribuya mejor la riqueza. De ahí que se necesiten ideas frescas, innovadoras y creativas para alcanzar el ideal de la democracia liberal sobre la desigualdad. Las opciones deberán incluir enfoques nuevos sobre los conceptos de libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. Un rediseño de la arquitectura constitucional podría definir el grado de desigualdad permitido y una distribución que resulte en genuina equidad social.

El espectro de posibles políticas y medidas contra la desigualdad es amplísimo. Una búsqueda por Google nos suplirá un inventario variopinto, reflejando ideologías, credo religioso, preferencias organizacionales y otras categorías conceptuales que enarbolan diferentes agentes económicos y sociales. El abanico de opciones incluye no solo el sistema impositivo, sino tambien medidas laborales, educativas, de salud, seguridad social, la competencia, transformación digital. Otra categoría de intervención puede incluir el mejoramiento del entramado legal y su aplicación, así como el rol del Estado a través de su gasto (inversion, transferencias y subsidios). Y las políticas para promover la igualdad de oportunidades serian el punto de partida de la equidad social.

En materia de las leyes ya se ha apuntado que una frecuente situación es la de su sobreabundancia. Muchas de ellas son buenas, pero se delinque en su aplicación. Una vez se tenga mejores leyes (códigos procesal penal, laboral, penal, etc.) se deberá introducir regulaciones y medidas para mejorar la aplicación. Entre estas últimas figurarían la formación de los fiscales y jueces, la selección del personal y la administración del sistema judicial. Pero a eso habría que añadir el mejoramiento y ampliación de los servicios estatales, procurando que los menos pudientes reciban una canasta básica de calidad. Entre ellos destacan los de salud y educación.

Por supuesto, es “la acción del Estado” la que mejor puede y debe, a través de sus políticas públicas, disminuir las desigualdades y propiciar el bienestar colectivo. En teoría, el Estado es el mejor articulador de los intereses colectivos y ningún ente privado podría superarlo en la tarea. Pero su rol tiene el límite que le impone la libertad que constitucionalmente abrazamos como el derecho fundamental del ser humano.  El Estado debe hilar fino para promover la justicia social sin que para ello deba caer en el totalitarismo. Y no hay mejor foco para su intervención que las políticas públicas que tienen que ver con la distribución de los ingresos y la riqueza.

La erradicación de la pobreza ha figurado como una de las metas más prominentes en la promoción de la equidad. Para muchos la pobreza es la principal causa de la desigualdad y, en consecuencia, las políticas que tiendan a una mejor distribución de los ingresos y la riqueza deben recibir una máxima prioridad. En vista de que la pobreza es “multidimensional”, otros piensan que los aspectos económicos propiamente dichos no son los únicos. El afamado economista Jeffrey Sachs, en su libro The End of Poverty (2005), propone que la clave para acabar con la pobreza es que los países del G8 aumenten su ayuda al desarrollo de los países más pobres, particularmente en África. Tambien advierte que es posible erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad con un puñado de políticas públicas orientadas por una visión económica “clínica”, es decir, ajustada a las condiciones y características de cada país o región.

Por su lado, el PNUD advierte “en su informe sobre el desarrollo humano del 2019, que solamente será posible evitar una profundización de las desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI si la atención se centra en combatir la nueva generación de desigualdades y una forma de hacerlo es adoptando numerosas medidas políticas intersectoriales para corregirlas, tomando en cuenta una mirada de ciclo de vida.  Se recomienda acelerar los esfuerzos para cerrar las brechas de las capacidades básicas, enfocando que en el siglo XXI es necesario profundizar en el uso apropiado y productivo de las tecnologías de cara a los desafíos que conlleva la revolución tecnológica y al mismo tiempo crear nuevas resiliencias para enfrentar los retos del cambio climático. Asimismo, se hace necesario mejorar simultáneamente la equidad y la eficiencia en los mercados con mayor productividad y un ingreso adecuadamente distribuido, para no dejar a nadie atrás.”

La literatura sobre las políticas públicas contra la desigualdad y la equidad social es abundante y abarcadora. Una profunda revisión y critica del inventario de opciones de política pública no puede acometerse en este espacio. Pero aquí podemos enfocar la distribución de los ingresos y la riqueza, buscando aportar nuevas opciones de política para ilustrar el hecho de que las ideas tienen una esperanza de vida útil limitada y que la búsqueda de los reemplazos debe ser constante. Así lo afirmó el famoso economista John Kenneth Galbraith en su “Historia de la Economia”: “Las ideas económicas son producto de su época y lugar; no se las puede ver al margen del mundo que interpretan. Y ese mundo evoluciona, hallándose por cierto en continuo proceso de transformación, lo cual exige que dichas ideas, para conservar su pertinencia, se modifiquen consiguientemente.” Un aforismo muy pertinente a medida que nos adentramos en la IV Revolución Industrial.

República Dominicana: Evolución del coeficiente de desigualdad de Gini, 2000-2017

Si el objetivo último es la equidad social, dando “a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones”,  la mejor distribución de los ingresos y la riqueza seria aquella que nos permita lograr eso. Buscando la disminución de la desigualdad, el economista francés Thomas Piketty ha demostrado que la desigualdad disminuye el crecimiento y este, a su vez puede profundizar la desigualdad. En su obra Capital e ideología ofrece al respecto la prescripción de “repartir la riqueza a través de dos mecanismos: un nuevo impuesto progresivo sobre el patrimonio cuya recaudación financiaría una dotación básica y universal de riqueza a recibir a los 25 años y, en segundo lugar, ampliando hasta el 50% los derechos de voto de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas tras facilitarles el acceso a la propiedad mediante compra de acciones.” Serian medidas tendentes a una distribución más equitativa de la riqueza.

Sin embargo, la factibilidad política de las propuestas de Piketty parece utópica. Su propuesta para una redistribución de la riqueza y del poder en la administración de las empresas no se lograría a través de la votación de leyes, ni incluso de referéndums que obliguen a su adopción. Los detentadores actuales del poder (económico y/o político) serian un insalvable muro de contención. De ahí que haya que identificar alternativas que sean compatibles con el sistema democrático y el libre mercado. La reducción de la desigualdad podría ser más factible persuadiendo a los electores y legisladores de que para avanzar la justicia social se requiere una reforma del marco constitucional de la sociedad. Ese sería el reto principal del actual Dialogo Nacional.

Las revoluciones comunistas lograron implantar regímenes totalitarios con el fin ostensible de igualar las oportunidades de todos los ciudadanos y contribuir a un mayor desarrollo económico. El totalitarismo, sin embargo, ha probado no ser efectivo para conseguir esa meta (p. ej. Unión Soviética, Cuba). China y Vietnam han tenido mejor éxito recientemente con reformas constitucionales que mezclan un régimen político totalitario y de economía centralizada con una apertura a la libre empresa y la propiedad privada. Pero el occidente abomina de esa combinación y debe buscar otras fórmulas para disminuir la creciente desigualdad. El lema comunista “De cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” perseguía la equidad mediante una planificación centralizada, mientras una economía de mercado esta supuesta a lograrla con la igualdad de oportunidades y una distribución de recompensas basadas en la iniciativa y el esfuerzo individuales.

Hoy proponemos aquí limitar constitucionalmente el monto de la riqueza que los individuos puedan acumular. En este esquema cualquier ciudadano no podría sobrepasar un múltiplo de la riqueza del ciudadano más pobre, aunque este múltiplo se varie periódicamente. Toda riqueza excesiva pasaría a ser distribuida por el Estado entre los más pobres, ya sea a través de repartición de bienes o a través de transferencias monetarias. (Este esquema podría, como consecuencia, disminuir las cargas impositivas y las transferencias fiscales.) Algunos objetarían que esa limitación iría en detrimento de la innovación en una economía de mercado. Pero el menor progreso que en tal caso aportaría la innovación estaría compensado por una disminución consecuente de la desigualdad social.

En una economía de mercado la riqueza es consustancial con la propiedad privada. Por eso una limitación constitucional a la riqueza implicaría una limitación al alcance o monto de la propiedad privada, no a la propiedad privada en sí misma. Esto implica por añadidura una limitación a la codicia humana. Los animales viven para alimentarse y reproducirse, pero el homo sapiens busca además la acumulación de bienes. Aceptar la limitación a la propiedad privada, por tanto, implica una forzada limitación a la acumulación, aminorando así el apetito desordenado de la riqueza. Esa sería la nueva ideología social para adoptar.

Naturalmente, el manejo y administración del propuesto esquema constitucional podría verse empantanado en su aplicación. Su administración misma puede adolecer de los fallos de los actuales sistemas impositivos. Pero el reto de una buena administración podría ser conquistado a través de las posibilidades que hoy brindan las tecnologías digitales. Se puede concebir un sistema de pignoración de la riqueza que se base en un inventario de sus elementos constituyentes, el cual se actualice automáticamente con el registro de todas las transacciones de la sociedad. Ahí está Estonia, una de las naciones mejor transformadas por la digitalización, para sugerir estas posibilidades en la IV Revolución Industrial.

La limitación de la riqueza individual sería un intermedio entre el totalitarismo y la libertad infinita del mercado. Junto a un sistema impositivo verdaderamente progresivo se tendría con eso una dupla insuperable. Se disminuiría la codicia y aumentaría la solidaridad entre los ciudadanos. Por supuesto, esa limitación de la riqueza por canon constitucional es una idea que podría desmeritar la libertad infinita de que nos ufanamos en el occidente. El dorso de eso es que esa libertad infinita ha demostrado traer desigualdad creciente. No debemos titubear en aceptar un poco de limitación a esa libertad en pro de la equidad. Esta nueva idea contraviene a las ideas de justicia social hasta ahora imperantes y que han agotado su ciclo de vida.

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