lunes, febrero 6, 2023

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Equidad por mandato constitucional (1 de 2)

Por mucho tiempo ha existido la creencia de que la meta de reducir la desigualdad y acabar con la pobreza se consigue a través de los sistemas impositivos, pero eso no ha tenido mayor éxito.

Por JUAN LLADO

La igualdad entre homo sapiens ha sido por varios siglos un supremo ideal de justicia social. Aunque ni biológica ni mentalmente somos iguales, se rinde culto a la idea de que lo somos ante la ley. Eso debe desembocar en un estado de bienestar para toda la población, sin requerir una igualitaria distribución de ingresos y riqueza. Pero desde que se incubaron estos ideales la desigualdad social injustificada sigue azotando hasta las más avanzadas sociedades. Procede entonces reconfigurar esos ideales y sus componentes con nuevas ideas para lograr el objetivo de la equidad social, una situación en que a cada uno le toca lo que merece.

Aquí la desigualdad campea por sus fueros y múltiples estudios indican que, en las últimas décadas, la movilidad social ha sido mínima. En su libro “El dilema económico de la democracia dominicana” (2017), el destacado economista Rolando Guzman evaluó el crecimiento, la estabilidad y la distribución de la economía dominicana en los ultimos 50 años de democracia y concluyó que (pág. 173), a pesar de haber reducido la pobreza, “el país no fue nada exitoso en reducir sus niveles de desigualdad, pues los datos sugieren que en los ultimos años la distribución de los ingresos podría estar al menos tan concentrada como en cualquier otro momento.” De ahí que sea pertinente que ahora que se discute una reforma de la Constitución se vislumbre introducir medidas para combatir frontal y específicamente la desigualdad.

Desigualdades de ingresos entre países, medidos por el coeficiente de Gini, donde 0 corresponde a la igualdad perfecta,
y 1 a la desigualdad total. Los países en rojo son más desiguales que los países en verde. https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social

La igualdad ante la ley, un principio básico de la democracia liberal, figura como un ideal desde que Tucídides, un político conservador de la Grecia antigua en la era de Pericles, lo propuso por primera vez. A partir de entonces, “el principio de igualdad ante la ley es incompatible y deja de existir con sistemas legales como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo, la monarquía y la teocracia. Igualdad ante la ley, es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la base o en función de la justicia.”

Como guía fundamental, la historia nos enseña que ese principio no ha logrado el objetivo del nirvana político. En ocasiones el éxito no se ha logrado porque las leyes no emanan de fuentes legitimas o porque sus enunciados y normativas no son correctos. Pero aun con leyes buenas, la principal falla ha sido su desigual o incorrecta aplicación. Ya sea que haya dejadez en la investigación y la persecución de las violaciones, que el control político provoque injustos veredictos, o que la interpretación de los jueces sea pobre, los resultados han sido insatisfactorios. Aun cuando los países escandinavos aventajan en esto a los demás, ningún país ha logrado un aceptable grado de desigualdad social, y mucho menos una perfecta justicia social.

Por el contrario, recientes análisis dan cuenta de que la desigualdad está aumentando en el mundo. “Un grupo de expertos de la ONU señala que la desigualdad es uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo, sino una amenaza para la paz. Además, es una de las principales causas de la migración. Esa desigualdad en el desarrollo también es de género.” “Hoy vivimos en un mundo más rico, pero también más desigual que nunca. Se están negando los derechos sociales y económicos a demasiadas personas en todo el mundo, incluidos los 800 millones que aún viven en la pobreza extrema.”

Resulta entonces imperativo montar una búsqueda diligente de nuevas ideas para estatuir mejores leyes y lograr efectividad en su aplicación. Donde el entramado legal amerita la más profunda revisión –dado su enorme impacto sobre la desigualdad– es en lo relativo a la distribución del ingreso y la riqueza. Los enormes abismos en su distribución son responsables del malestar social que amenaza con destruir la estabilidad tanto macroeconómica como política. A nivel global la ONU señala que: “La desigualdad en los ingresos está en aumento, ya que el 10 por ciento más rico de la población mundial gana hasta el 40 por ciento del ingreso total. Algunos informes sugieren que el 82 por ciento de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1 por ciento de la población más privilegiada económicamente, mientras que el 50 por ciento en los estratos sociales más bajos no vio ningún aumento en absoluto.” Por eso “reducir la desigualdad en y entre los países” constituye el Objetivo de Desarrollo Sostenible No.10 de la ONU.

En el caso de América Latina, un reporte del BID señala: “La discusión sobre el rol de los sistemas tributarios en la redistribución de ingresos es una discusión bienvenida en ALC, ya que, como es sabido, nuestra región es la más desigual del mundo. De acuerdo con un estudio del BID, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre, y el 1% más rico de la población obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía. Esta desigualdad es aún mayor cuando se analiza la riqueza en vez de los ingresos. Un estudio de Credit Suisse encuentra que el 1% más rico de la región posee el 41% de la riqueza total, y que el 10% más rico de la región concentra el 72% de la misma.”

En nuestro país la situación no está mucho mejor. De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial, el coeficiente de Gini (el indicador más usado para medir la desigualdad del ingreso y la riqueza) ha variado ínfimamente en los últimos 15 años. Eso significa que la composición social del ingreso se ha mantenido prácticamente estática, y que segmentos importantes de la población no han percibido el impacto del crecimiento económico logrado y publicitado en los últimos años. Como resultado de la pandemia “la pobreza creció alrededor de 2,4 puntos porcentuales hasta el 23,4 por ciento en 2020, lo cual representa que más de un cuarto de millón de personas (270,000) ha caído en la pobreza.”

El Mepyd ha venido estudiando los efectos que han tenido en la pobreza tanto el crecimiento económico y la distribución desde el año 2012. Los resultados son contundentes: el 74% de la disminución de la pobreza monetaria en el país ha sido producto del crecimiento económico y solo el 26% se puede explicar por la distribución. Es decir, la pobreza se ha reducido principalmente por las escasas gotas que derrama el crecimiento económico en los grupos más pobres de la población y muy poco por las políticas redistributivas oficiales.” “Mientras en desigualdad República Dominicana tiene un problema similar al resto de los países de América Latina y el Caribe, en crecimiento económico podemos afirmar que destacamos positivamente con respecto a toda la región. La pregunta es si la acción del Estado ha facilitado que ese crecimiento económico se haya convertido en bienestar colectivo. Para esto es esencial impulsar políticas que ayuden a distribuir y redistribuir la riqueza, el ingreso y las capacidades.”

Respecto a la RD el Banco Mundial (BM) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) señalaron recientemente que la complejidad del código tributario dominicano “y el historial desigual de su aplicación sobre bases impositivas ciertamente muy estrechas” ha provocado que las empresas grandes o establecidas tengan ventajas injustas sobre otras, algo que, al mismo tiempo, ha debilitado la eficiencia y progresividad de la estructura tributaria del país.” “Los gastos tributarios deben considerarse como una prioridad máxima de reforma, porque el elaborado sistema de exenciones, deducciones, ‘vacaciones’ fiscales y otros incentivos de la RD favorece a las empresas establecidas, y la eliminación de estas políticas impulsaría los ingresos al tiempo que fomentaría la competencia y nivelaría el terreno de juego.” Las exoneraciones fiscales, que benefician especialmente a las zonas francas, al sector eléctrico, al turismo y la minería, se rigen por 39 normativas tributarias distintas.”

Por mucho tiempo ha existido la creencia de que la meta de reducir la desigualdad y acabar con la pobreza se consigue a través de los sistemas impositivos, pero eso no ha tenido mayor éxito. Si bien algunas políticas públicas en el área impositiva han sito exitosas en algunos países, la realidad es que los sistemas impositivos han fracasado en disminuir la desigualdad drásticamente. Por tanto, ha concluido la esperanza de vida de la idea de que el único medio para reducir la desigualdad es el sistema impositivo. Obviamente, se requieren ideas nuevas y visiones y enfoques sobre el diseño de la sociedad que dejen atrás las antiguas concepciones, lo cual trataremos en la próxima entrega.

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