Dos ministros –Presidencia y Turismo, que por sus funciones podrían movilizar la intervención estatal para destrabar el proyecto– tienen conexiones estrechas con el miembro de la familia Vicini que es accionista de ITSS.
Tremenda paradoja que San Juan de Puerto Rico siempre tenga cuatro o cinco barcos cruceros anclados en su puerto y que en la ría del Ozama estos brillen por su ausencia. La pandemia ha paralizado la industria de cruceros, pero eso no lo explica porque ya antes la ausencia de esos barcos en Santo Domingo era notoria. La razón podría ser el empantanamiento del grandioso proyecto que el Congreso aprobó para Sans Souci, aunque sus concesionarios no serían los únicos responsables. El desinterés gubernamental cuenta tal vez más que nada.
Se reconoce que los cruceros dinamizan la economía de los lugares que visitan, siendo Bahamas, Cozumel y San Martin los principales receptores en el Caribe. Antes de la pandemia en la RD se venía registrando un aumento progresivo del flujo de estos barcos. En el 2018 los ingresos por el millón de cruceristas llegados al país alcanzaron casi US$100 millones. Con un gasto promedio de US$90 por estadía, los que se desmontaron en La Romana tenían el más alto gasto promedio (unos US$100), pero Santo Domingo también se beneficiaba (US$75). Hoy es de lamentar que la capital solamente podría recibir más de US$100 millones anualmente si pudiera solucionar el impase de Sans Souci. Por eso urge que se le ponga atención al asunto y se solucione el embrollo.
Para un grandioso proyecto de US$2,200 millones de inversión, en junio de 2005 el Congreso le otorgó una concesión del puerto de Santo Domingo a la empresa constructora Inversiones Turísticas Sans Souci (ITSS). El contrato correspondiente lista como accionistas a los señores Lisandro Macarrulla, Juan Vicini y Osvaldo Oller. (El Grupo Vicini, hoy Grupo Inicia, no estaría involucrado, aunque el contrato no especifica si hay otros accionistas.) Se establece que a cambio de una inversion en infraestructuras de USS$39.4 millones la empresa adquiriría la propiedad de unos 495,000 metros cuadrados de los terrenos de la Base Naval y la Academia Naval.
Diseño original del proyecto de Inversiones Turísticas de Sans Souci
El proyecto de ITSS tendría un componente marítimo (marina, arreglo del puerto) y otro inmobiliario (de unas 2,200 unidades habitacionales). Se incluiría además una plaza comercial, una estructura tipo anfiteatro para 1,000 personas, un área institucional conectada al puerto, hoteles, centros de convenciones y estaciones de bomberos y de la Policía. Originalmente tambien se incluyó una marina para yates. Lidereada por el hoy ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, ITSS sería la constructora.
Por lo que ha percolado en la prensa y por otras fuentes, ITSS ya ha invertido algo mas de US$70 millones en el remozamiento de la terminal de cruceros del este y la Don Diego del oeste del Ozama. Además, han realizado inversiones en infraestructuras portuarias, un edificio para la Jefatura de la Armada y la mejoría de la navegabilidad en el rio. La mudanza de las instalaciones militares se tiene como prerrequisito para que el proyecto tenga un pleno despegue.
Para mudar las instalaciones de la Armada el Estado se anunció en el 2010 la construcción de nuevas facilidades en la Base Naval de Boca Chica en Andrés. En el 2012 la prensa reportó que el proyecto estaba empantanado por pugnas entre ingenieros. En el 2015 se anunció el inicio del proyecto, pero en mayo del 2016 la prensa reportó que en 90 días empezaría la mudanza. Fuentes informales dan cuenta de que las facilidades en Boca Chica están listas, pero la mudanza no se efectúa porque les falta el mobiliario. Causa perplejidad que un gasto tan manejable no pudiera completarse.
El proyecto de ITSS rediseñado en el 2015
No es necesario ahora encontrar culpables del retraso de 16 años del proyecto en cuestión. Pero ese enorme retraso aconseja buscar soluciones. Parece obvio que el Estado debería proveer el mobiliario de las nuevas facilidades de la Armada en Boca Chica, lo cual permitiría la esperada mudanza y el despegue en grande del proyecto. (La reciente inauguración de un restaurante de la Armada en Sans Souci, financiado por el MITUR, resulta contraproducente.) Por otro lado, no luce que la contaminación y la basura del rio sea un valladar insalvable. Para resolver eso existen alternativas de manejo que estarían al alcance de una alianza público-privada.
Desde que se originó el proyecto ha sufrido algunos cambios importantes. Por petición del Ministerio de Cultura -asesorado por unos arquitectos de la UNESCO- hubo que rediseñar el proyecto para bajar la escala de la construcción y los edificios ya no serían de 40 pisos sino de 30. La gente de la UNESCO alegó, sin una razonable justificación, que el diseño original contrariaría la “coherencia visual” del paisaje urbano de la Ciudad Colonial. También se eliminó la marina y reubicó el Centro de Convenciones. Entonces ya el diseño no sería hoy un problema.
En vista de que con voluntad los obstáculos son salvables, parecería ahora que el problema principal para el arranque del proyecto sería la situación del mercado inmobiliario de la ciudad. Con más de 26,000 apartamentos en venta que no encuentran salida es justo preguntarse si el componente inmobiliario del proyecto tiene hoy sentido. (De su parte el Grupo Inicia prepara un proyecto de un mall comercial y un edificio de 52 pisos en el Malecón.) ¿Procedería ITSS a desarrollar la infraestructura urbana y las viviendas aun bajo estas condiciones de mercado? Esta interrogante desembocaría en un veredicto negativo. ¿Cuál podría ser el uso alternativo de los terrenos adjudicados por el contrato de concesión?
El problema principal ahora sería que dos ministros -Presidencia y Turismo, que por sus funciones podrían movilizar la intervención estatal para destrabar el proyecto- tienen conexiones estrechas con el miembro de la familia Vicini que es accionista de ITSS. Pero es seguro que cualquiera iniciativa que generen para la solución recibirá mordaces críticas de prevaricación. El Articulo 146, acápite 1 de la Constitución dice: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para si o para terceros provechos económicos.” Lejos de facilitar las cosas, las repercusiones políticas hundirán más al proyecto, aun si ambos ministros renuncian para facilitar las soluciones.
Después de 16 años de congelamiento, el proyecto está empantanado y no parece ser viable en las actuales circunstancias. Pero la capital no puede seguir esperando una solución mágica que permita el aprovechamiento de tan codiciado lugar. En consecuencia, parece aconsejable que el presidente Abinader nombre una comisión especial que estudie el caso y que determine el mejor curso a seguir. (El Congreso podría hacerlo, pero eso sería más engorroso). Dicha comisión deberá oír los alegatos y reclamos de los concesionarios y otorgarles, para cualquier solución que se proponga, el derecho a participar de la nueva solución. El asunto entonces podría volver al Congreso para la aprobación de un nuevo contrato.
A este observador se le antoja que la mudanza de las instalaciones militares no debe posponerse más, so pena de prolongar el empantanamiento por muchos años más. Se le antoja, también, que los actuales concesionarios podrían, por ejemplo, aceptar una de dos soluciones. La primera sería la de dedicar los terrenos a un gran proyecto público-privado de viviendas populares para ubicar ahí a familias pobres que habiten a la orilla del río. En Sans Souci y en el cocal de Punta Torrecilla desarrollarían un parque recreativo de alta gama, con la playa habilitada para su uso. Por supuesto, el nuevo proyecto también incluiría la concesión del puerto con el compromiso de que renazca el flujo de cruceros. Una segunda solución prescindiría del componente inmobiliario y adoptaría la solución que ANAMAR propuso hace unos años para los cruceros. Esta consiste en una remodelación de la Plaza Juan Baron y un espigón al oeste de esta para el parqueo de los cruceros (ver gráficas).
Es probable que los concesionarios cooperarán al máximo para que haya una solución amigable, especialmente si la misma implica una alianza público-privada. La buena voluntad de ambas partes alumbraría un proyecto que dinamice y fortalezca la economía de la Ciudad Primada de América.