miércoles, febrero 8, 2023

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Abinader, ¿paladín de la probidad?

En sus 15 meses de mandato se ha ido perfilando lo que parece ser un sano rescate de la institucionalidad y la transparencia, tan desfiguradas y denigradas en el pasado gobierno.

Por JUAN LLADO 

Algunos recientes actos del presidente Abinader alientan notablemente las esperanzas nacionales. Asistido por las corajudas persecuciones del Ministerio Público, en sus 15 meses de mandato se ha ido perfilando lo que parece ser un sano rescate de la institucionalidad y la transparencia, tan desfiguradas y denigradas en el pasado gobierno. Un breve repaso de lo hasta ahora acontecido en tal sentido sugiere una ejemplar firmeza de propósito, aunque queden pendientes algunas modificaciones constitucionales.

Abinader marcó lo que el Listin Diario ha llamado la “Doctrina Abinader” en su discurso ante el “Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transparencia e Integridad en América Latina y el Caribe”, un evento del BID. “Una gobernanza de calidad cumple con la credibilidad, las buenas prácticas en el manejo y define objetivos.” Es precisamente la credibilidad lo que Abinader ha venido construyendo: “Es esencial respetar la autonomía e independencia de todas las instituciones involucradas en la gobernabilidad del país, pues debemos defender y pelear siempre por una justicia rabiosamente independiente y autónoma, por el control externo e interno de las cuentas del estado mediante auditorías transparentes y crear mecanismos de control ciudadano para que estos se involucren en la actividad cotidiana de las instituciones”.

Los contundentes precursores de la credibilidad de Abinader fueron tres claves nombramientos de funcionarios encargados de garantizar la transparencia e integridad de su gobierno. Cumplió con su promesa de establecer un Ministerio Público independiente, el reclamo más resonante de la sociedad contra la corrupción y la impunidad en la pasada campaña electoral. Mientras, con el valeroso director de Compras y Contrataciones Públicas creó un valladar infranqueable para los malandros que pretenden engañar al fisco. Y con una figura política de pulcra trayectoria pública en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) completó un cuadro de apto monitoreo de las actuaciones oficiales.

Desde el inicio de su gobierno y con la sabia designación de un idóneo director de Presupuesto, Abinader atendió al desorden fiscal. Imbuido con la mística de elevar la calidad del gasto público mediante su racionalización, el gobierno ha logrado significativos ahorros. En julio de este año el director general de Presupuesto reportó una economía de RD$77,000 millones, “con acciones para eliminar el dispendio de los recursos del Estado y corrupción”. Pero en octubre el mismo presidente Abinader señaló que el ahorro sería “por más de RD$27 mil millones que ha generado la disminución de todas las partidas que no afectan directamente el bienestar de los dominicanos.” Cualquiera que sea el balance de fin de año, lo logrado evidencia que la austeridad no es un vano espejismo fiscal.

La profilaxis del gasto público, por otro lado, ha sido acompañada por las 14 destituciones y/o suspensiones de funcionarios que ha realizado Abinader a la fecha. Cual señal inequívoca de su intención de no tolerar las inconductas del funcionariado, estas acciones delatan una encomiable firmeza de propósito. Algunas de estas destituciones no fueron motivadas por corrupción, pero todas si reflejaron inconductas o negligencias imperdonables en el ejercicio de la función pública. Por supuesto, en gobiernos anteriores se ha visto el peligro de que esa firmeza se desvanezca a medida que se avanza en el periodo de gobierno, pero su reciente advertencia a los miembros del PRM de que los que incurran en corrupción serán expulsados del partido sustenta la expectativa de una firmeza que podría permanecer incólume por lo que resta del periodo.

Firmeza de propósito y coraje de estadista es lo que se nota en otras esferas de la actuación presidencial. Abinader ha propiciado y reclamado una férrea persecución del crimen del narcotráfico, con la DNCD registrando logros sin precedentes en esa esfera. Tal diligencia de esa entidad permite avizorar una mayor posibilidad de que los vínculos entre narcotraficantes y políticos se disminuyan o desaparezcan, amén de que se disminuya también el lavado de dinero. El hecho de que el presidente Abinader haya autorizado ya 32 extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos y otros países demuestra su corajuda decisión de enfrentar el funesto flagelo.

Otra prominente señal de que el presente gobierno se propone mejorar sustancialmente la atmósfera de ley y orden es su compromiso con la reforma policial. El presidente ha dejado claro que a él “no lo van a cansar” con este asunto y los aumentos salariales y el equipamiento de la PN que se ha entregado hasta ahora confirman la intención. Sabemos que el asunto no se circunscribe al cambio de director ni al retiro de los 32 generales que campean en la uniformada. Pero la contratación de una empresa extranjera para depurar al personal de la institución  y otras iniciativas para reeducarlo son un buen y auspicioso comienzo.

Las medidas más arriba presentadas son, en su conjunto, suficientes para alimentar la percepción de que la sociedad va en buen camino. Pero a lo anterior hay que añadir las persecuciones del actual Ministerio Público contra una pléyade de corruptos del pasado gobierno que avergonzaban nuestra sociedad. Si bien todavía no se ha lanzado el anunciado caso Odebrecht 2.0, las revelaciones de los fiscales dan cuenta de que un necroso anillo del presidente Medina se ensañó inmisericordemente contra las finanzas públicas. La imputación de militares de alto rango en algunas de esas operaciones también alienta la aspiración de que desaparezca la protección que otorgan los militares a la delincuencia estatal.

No sorprende pues que prominentes figuras del empresariado perciben cambios positivos en la lucha contra la corrupción. De cara a las recientes actuaciones del Ministerio Publico  se albergan “esperanzas de que en el mediano plazo las cosas puedan ser diferentes”. Pero sabemos que lo citado no es suficiente para que esas esperanzas se consoliden. Es preciso acometer las modificaciones constitucionales de lugar y el presidente Abinader se ha comprometido con la que instituirá la independencia del Ministerio Público. Un observador acucioso propondrá además un rediseño del entramado de los organismos de control del estado porque su mejor coordinación podría rendir mejores frutos. Su actual dispersión debe contrarrestarse con un nuevo ordenamiento constitucional que las ponga a trabajar de forma coordinada.

Una coordinación más efectiva requeriría agrupar en dos ramas principales los organismos de control. Por ejemplo, algunos se agruparían en un bloque de control del gasto y otros en un bloque de rendición de cuentas. Así en el primer bloque la oficina del Defensor del Pueblo actuaria como el organismo coordinador de la DGEIG y de la Cámara de Cuentas, mientras en el segundo bloque la Contraloría General, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Dirección General de Compras y Contrataciones actuarían conjuntamente. Este agrupamiento requeriría también que se rediseñara el aparato de control para que todas estas dependencias del estado se comuniquen entre si vía los medios digitales, poniendo énfasis en que esa comunicación fortalezca la supervisión y monitoreo del gasto público. El bloque de rendición de cuentas forjaría además unos lazos automáticos con la PEPCA a fin de actuar diligentemente con la investigación y la persecución judicial en los casos necesarios.

Aunque prevalido de una prosapia familiar de sólida honestidad, sin la presión social que significó la Marcha Verde y los estentóreos reclamos de la clase media, el gobernante tal vez no hubiese actuado como lo ha hecho. Además, todavía le quedan por enfrentar muchas situaciones enojosas para restaurar plenamente la moralidad pública. Por eso no es posible otorgar supremas calificaciones al presidente Abinader por su actuación en materia de transparencia y corrupción. Muy a pesar de que los Estados Unidos ha expresado públicamente su complacencia con el presente gobierno en esos renglones, la mezquindad de los partidos de oposición tampoco le extenderán ese reconocimiento. Y al final, la historia solo le concederá el postín de paladín de la probidad si su firmeza se mantiene incólume en lo que resta de su periodo de gobierno.

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