Desfigurando el Centro Histórico por Juan Llado

Ha convenido que la disgregación de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados haya detenido la aprobación del nuevo préstamo del BID para la remodelación de la Ciudad Colonial. Ahora que finalmente también ha salido a flote la descripción del proyecto, ha quedado claro que deberá introducírsele algunas modificaciones y la detención se presta para eso. Las modificaciones no deben dilatar su aprobación por mucho tiempo. Pero si no se adoptan el proyecto terminara desfigurando la esencia histórica de ese sagrado recinto.

Este segundo proyecto acusa ya un considerable retraso: “El proyecto DR-L1084 “Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo” fue aprobado por el Directorio del BID en la sede central en Washington DC USA en diciembre del 2016 y debió de haber entrado en vigencia a partir de Junio – Julio 2017 luego de su aprobación en el Congreso Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo han estado desarrollando una propuesta de fideicomiso como mecanismo de gestión del Programa previa a la firma del contrato de préstamo correspondiente, cuya fecha límite fue prorrogada hasta el pasado mes de junio del 2017 para su posterior presentación ante el Congreso de la República Dominicana.” 

Ese fideicomiso nunca se materializó y no fue hasta agosto 2019 que finalmente se suscribió el correspondiente contrato de préstamo, el cual fue aprobado por el Senado y ahora espera la sanción de la Cámara de Diputados. Pero la razón del considerable retraso es muy diferente a la que ahora causo su detención por los diputados. El retraso reflejaba la desavenencia entre las cuatro instituciones involucradas: los ministerios de Hacienda (MIH), Turismo (MITUR) y Cultura (MIC) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Porque no hubo acuerdo sobre cuál de ellos debía ejecutar el proyecto el MIH propuso el fideicomiso que tampoco cuajo. Para que pudiera firmarse el préstamo el MIC cedió su pretensión de ejecutarlo al MITUR debido a su más fuerte peso político.

Este tipo de conflicto jurisdiccional ha permeado el destino de la Ciudad Colonial por décadas. Por su culpa se han dilatado varios proyectos que serían financiados por el BID. Con el retiro del Cardenal Lopez Rodriguez y, según algunos reportes, el intercambio del Edificio Savinon (perteneciente al Fondo Patrimonial de la Ciudad Colonial) por una contribución del MITUR de RD$20 millones para el Museo de la Catedral, fue posible despegar el primer proyecto a cargo de ese ministerio. Tal proyecto llego a su fin, pero su ejecución estuvo marcada por agrios desencuentros entre las instituciones y acidas críticas de muchos entendidos en la materia.

Para el nuevo proyecto el MITUR debe descartarse como ente ejecutor. Si se mantiene en su gerencia es muy posible que las profundas heridas causadas por su controvertida actuación respecto al derrumbe del Hotel Frances y la absurda pretensión de imponer un rechazado modelo de restauración de las ruinas del Convento de San Francisco hagan florecer otra vez los resentimientos y causen dilaciones importantes. Si el primer proyecto se retrasó tres años, el segundo podría tener una dilación mayor tomando en cuenta que su tiempo de ejecución se estima en seis años.

En el caso de las citadas ruinas el referido modelo concito el tajante rechazo de la Academia de Ciencias, ICOMOS, el CODIA, la UNPHU, la Sociedad de Arquitectos y otras entidades. Una carta firmada por 138 prominentes profesionales le fue enviada al presidente de la Republica expresando su oposicion. Como la descripción del nuevo proyecto contiene el boceto de ese diseño desaguisado, ya se están planeando sendas protestas contra la insistencia del MITUR por imponer ese infeliz diseño. Y de mantenerse ese ministerio en la gerencia del nuevo proyecto se estaría provocando una malquerencia de importantes segmentos de los constituyentes. Su reemplazo es imperativo.

Ya quien escribe había advertido que la gerencia del nuevo proyecto debió asignarse al MIC. El hecho de que solo un 5% de los trabajos tienen que ver con el turismo así lo justifica, mientras el carácter histórico del recinto coliga más con el MIC que con el ADN y el MITUR. Pero esa no es la más importante razón para repensar el asunto. Lo principal es que la misión del Centro Histórico es servir de alicate identitario a las presentes y futuras generaciones de la población dominicana. Esa reliquia debe preservarse para que nuestros jóvenes se empapen de las raíces históricas de la nación. El aprovechamiento turístico es una prioridad subordinada que no debe desfigurar ese rol histórico, como pretenden los comerciantes del lugar que se benefician de una clientela privilegiada.

Es predecible que una gerencia del nuevo proyecto por parte del MIC cause repetidas fricciones interinstitucionales. Por eso la dilación de la aprobación del nuevo proyecto debe aprovecharse para adoptar una solución definitiva a las controversias sobre el manejo del Centro Histórico. (Ya es poco probable que se resuelva el impase hasta tanto se celebren las elecciones nacionales el próximo ano.) Esa solución es la de crear un Municipio Especial que tenga una estructura gerencial particular que garantice la protección y conservación de las reliquias históricas y la funcionalidad urbana del recinto. Tal solución se torna deseable aun cuando una reciente encuesta del PNUD reportó un mejoramiento de los servicios municipales. 

El Municipio Especial deberá configurarse de una manera suis generis. Su Consejo de Regidores estaría compuesto por solo cinco, de los cuales tres serian instituciones exoficio y dos serian electos. Las tres instituciones serian la Academia Dominicana de la Historia, quien lo presidiría, el ICOMOS y el MIC, mientras los dos representantes de la población serian escogidos mediante una votación especial por parte de la Unión de Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial. No habría un alcalde electo, sino que el Consejo de Regidores contrataría un profesional calificado para que actúe de Gerente Municipal durante un periodo de cinco años. Este esquema garantizaría una gestión no politizada y sin la intervención de los partidos políticos.

Introducir esta modificación al contrato de préstamo con el BID no es una tarea imposible. Los mismos diputados podrían ponerse de acuerdo para hacerlo y, una vez adoptada la modificación, devolver el documento al Senado para su aprobación. Es seguro que el BID no objetaría la modificación si el gobierno le pide el reemplazo de la cláusula del contrato de préstamo correspondiente a la gerencia del proyecto. Todos estos trámites podrían hacerse expeditamente para que la ejecución del proyecto comience con el nuevo año y sin tener que esperar las elecciones.

La solución propuesta no se justifica solo por ese motivo. Una justificación tan importante como esa es la de poner coto a las múltiples situaciones de desorden y medalaganaderismo que imperan actualmente en el Centro Histórico. Basta citar entre los males que lo aquejan la ilegal apropiación de los espacios públicos, los permisos de construcción de proyectos residenciales que no son compatibles con las normativas de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y el desenfreno comercial de algunos ricos que persiguen enriquecerse más desfigurando el recinto. Demos pues la bienvenida a la dilación de los diputados para corregir de una vez por todas el maléfico entuerto de los conflictos jurisdiccionales para impartirle así paz a nuestra historia.

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