Pacto colectivo de la oposición

Entre politólogos y analistas de toda laya se ha arraigado la creencia de que en nuestro país no está funcionando plenamente el sistema de pesos y contrapesos que debe regir en un régimen democrático. Algo de cierto tiene tal creencia puesto que, a todas luces, todos los poderes del Estado lucen haber sido cooptados por el partido de gobierno.  Sería un grave error, sin embargo, pensar que la culpa es solo de ese partido.  Mas culpa tienen los opositores porque no han ofertado al electorado una alternativa viable que los saque del sitial de antípodas de la modernidad que hoy ostentan.

Ciertamente, la incapacidad de los partidos de oposición de unificar criterios y candidaturas fue la razón de que el partido de gobierno ganara las últimas elecciones tan arrolladoramente.  Aunque los recursos del Estado y algunas fuentes ilícitas de financiamiento pudieron haber facilitado ese resultado, lo cierto es que los partidos de oposición presentaban un frente tan disgregado que les fue imposible concitar los apoyos necesarios para hacer una campana creíble.  Esa desunión la percibió el electorado y fue parcialmente responsable de su fracaso.  Si bien en la época postrujillista existe escasa experiencia en la formación de coaliciones, no menos cierto es que las alianzas políticas son parte esencial de la democracia.

Participantes en el primer debate presidencial del 2016

Aunque el precandidato del PRM Luis Abinader ha propuesto una ¨gran alianza¨ de los partidos opositores de cara a las elecciones del 2020, lo que se perfila hasta ahora es una reproducción de lo anterior.  Ante los numerosos escándalos de corrupción que han salpicado a la presente Administración –hasta el punto de que la última encuesta Gallup-Hoy reportó que la población la percibe como el segundo más importante problema del país después de la delincuencia—parece que existe una envidiable oportunidad para que la oposición desplace al partido gobernante del poder.  Los partidos de oposición tendrían que suscribir un pacto colectivo que inspire al electorado y que no tenga que depender de una figura mesiánica que arrebate las simpatías populares.

Para llegar al gran acuerdo no sería posible utilizar al Foro Permanente de Partidos Políticos de la Republica Dominicana (FOPPPREDOM), una liga de los 26 partidos políticos existentes y reconocidos por la JCE. (Hay otros 10 movimientos y partidos que son observadores, de los cuales tres han sido reconocidos por la JCE y 7 están en vías de lograr el reconocimiento.) Esa organización, la cual ha generado algún acercamiento y comunicación entre los partidos, no podría patrocinar el dialogo opositor porque incluye al partido gobernante y sus aliados.  Además, su funcionamiento es tan precario que ni siquiera ha podido definir sus metas y objetivos (https://fopppredom.org/noticias/).

Los que deben abocarse al dialogo unificador son los seis partidos minoritarios (ALPAIS, ADP, PQD, FNP, PUN, PNVC)  que sacaron la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones generales y el PRM (https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana_de_2016).  (Circulan rumores que los señalados partidos se reúnen semanalmente, pero esto no ha sido comunicado a la opinión pública.)   Las dos facciones del PRSC, el PRD y los demás partidos minoritarios podrían ser invitados una vez los del núcleo mencionado hayan logrado el pacto colectivo de ascenso al poder.

La clave está en encontrar una fórmula unificadora sobre la base de un Programa de Gobierno que todos puedan apoyar.  La discusión debe comenzar ahí porque desde temprano los partidos participantes deben comunicar a la ciudadanía que lo más importante son las propuestas de solución a los problemas y no el reparto de los cargos públicos.  Con el descreimiento que siente la población sobre la credibilidad de los partidos, manifestado en el hecho de que solo un 15% de la población reportó creer en ellos en la última encuesta de Latinobarómetro, hacerlo de otro manera seria asegurar su descredito y, eventualmente, su derrota electoral.

El colectivo unificado no puede caer en la trampa de hacer un programa con características similares a los precedentes.  La ciudadanía está harto consciente de que los partidos no cumplen con los programas de gobierno que hacen y son pocos los analistas de la opinión pública que se abocan a revisar su cumplimiento.  Es bien conocido que los programas son mamparas para cumplir una formalidad, no para guiar la gestión de gobierno.  Por eso es preferible que el programa a ser elaborado se concentre en solo cinco pilares fundamentales: 1) combate a la delincuencia, 2) combate a la corrupción, 3) generación de empleos, 4) salud y vivienda, y 5) equidad social del gasto público. Naturalmente, eso no significa que un nuevo gobierno desatienda los demás sectores y tareas, pero si significa que su mayor esfuerzo se focalizaría en esas prioridades.

Después de haber consensuado el programa vendría entonces el peliagudo problema de la repartición de las candidaturas y cargos.  Una alternativa fácil de imaginar es que estos se repartan con sujeción a las votaciones del año pasado. Pero preferible seria que la repartición dependiera de una encuesta de 5,000 sujetos, comprometiéndose de antemano los partidos a respetar sus resultados.  Tres firmas encuestadoras llevarían a cabo la pesquisa (Mark Penn, Gallup y Greenberg), tomándose un promedio de los resultados como lo final. Los partidos que no acepten los resultados deberán entonces abandonar la coalición y jugársela solos.

Es seguro que donde habría mayor controversia es en la repartidera de candidaturas y cargos.  Para asignar los ministerios solamente los partidos unificados deben aceptar la intervención de tres árbitros conciliadores: la FINJUS, Participación Ciudadana y ANJE. Se aceptaría de antemano que los árbitros tendrían derecho a proponer candidatos en atención a su perfil profesional y gerencial aunque no tengan una militancia partidista.  Debido a que la ineficiencia ancestral de la Administración Publica tiene mucho que ver con la incapacidad de los que detentan las posiciones públicas, deberá aceptarse la moderación de los árbitros para minimizar ese peligro. Los árbitros se ocuparan también de que las mujeres estén bien representadas.

El objetivo último del proceso es seleccionar un gabinete idóneo que pueda presentársele al electorado junto a los candidatos a presidente y vicepresidente, reduciendo así la importancia de esas dos candidaturas.  Esta fórmula no tiene precedentes en el país, pero en México está siendo enarbolada por el opositor Lopez Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (http://www.animalpolitico.com/2017/11/morena-candidato-presidencial-encuesta-gabinete/).  Este político ha llegado inclusive a ofrecer, en el estado de Guerrero, que sean los familiares de los desaparecidos quienes nombren al procurador y a los maestros que pueden modificar la reforma educativa según su parecer.  Es un modelo de participación nuevo y osado, pero su inspiración democrática no puede ser cuestionada.

Los tiempos modernos exigen que los partidos de oposición abandonen viejas prácticas clientelistas y se abran a las alianzas con otras fuerzas políticas.  También deberán abrirse a una participación de los órganos representativos de la sociedad civil para enriquecer y transparentar su quehacer político. Aferrarse a prácticas políticas caudillistas y presidencialistas puede haberse justificado en el pasado, pero la globalización y los mercados dictaminan hoy su obsolescencia.  Es tiempo ya de que la oposición apele a una formula innovadora que oxigene sus prácticas y conquiste al electorado.  De otro modo el partido de gobierno seguirá en el poder más allá del 2020.

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