Diputado Wellington Arnaud pide totalidad legisladores participen en discusión proyecto de ley de presupuesto 2018.

El diputado Wellington Arnaud Bisonó solicitó a la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente al año 2018, que preside el diputado Dionis Sánchez del PLD, la implementación de una metodología que permita a todos los legisladores y a la sociedad en general a ser partícipes del destino de los recursos públicos propuestos para el próximo año.

De acuerdo al diputado Arnaud, “no es posible que se continúe la vieja práctica de que apenas 18 senadores y diputados tengan la oportunidad de analizar ciertos aspectos del proyecto de ley de PGE, mientras el 92 % de los diputados y senadores están al margen de la discusión, al igual que las organizaciones de la sociedad civil que nunca se les toman en cuenta”.

Proponemos que la Comisión Bicameral, para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2018, aplique la metodología siguiente:

 

  1. Remitir a cada Comisión Permanente de ambas Cámaras el proyecto de presupuesto que le compete en función de la institución del Estado que le corresponde.

 

  1. Cada Comisión Permanente revisará y estudiará el proyecto de ley de su competencia, pudiendo invitar al ministro correspondiente y a organizaciones de la sociedad civil vinculadas al área programática.

 

  1. Elaborará un informe sobre el área correspondiente y lo remitirá a la Comisión Bicameral, cuya función será consolidar los informes por ministerios para ser presentado y conocido por los Plenos.

 

  1. El plazo para la rendición de los informes por áreas temáticas no excederá a 30 días.

Nuestra propuesta se fundamenta en que al Poder Ejecutivo le corresponde elaborar el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado, consignando de manera individualizada las asignaciones que correspondan a las diferentes instituciones del Estado.

Y que el Congreso de la República, en virtud del artículo 41, de la ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto, aprobará el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado a nivel de Capítulos y Partidas; entendiendo como Partida, a cada una de las áreas programáticas de cada Capítulo, que constituyen “la producción de bienes y servicios que contribuyen en forma directa al logro de políticas y planes, así como los recursos reales y financieros que requieren para su obtención”.

Atendiendo, además, a lo establecido en los Reglamentos de ambas Cámara, las Comisiones Permanentes se conforman de acuerdo a ejes temáticos que correspondan a las materias que son de la competencia de las instituciones (Ministerios) del Estado, con la facultad de requerir informes, datos, documentos, noticias e informaciones que juzguen necesarias, así como consultar a las personas que consideren aptas para una toma de decisión objetiva y oportuna.

Entendemos que debemos revisar a profundidad este modelo de presupuesto, que por 11 años consecutivos se presenta deficitario y con un alto nivel de endeudamiento, pretendiendo el Gobierno continuar con parches tributarios cada año a través de la ley de Presupuesto General del Estado (PGE), sin enfrentar el serio problema de sostenibilidad que presentan las cuentas fiscales.

Con el proyecto de ley de PGE para el 2018, el Gobierno pretende ampliar para el adelanto del 50 % del ITBIS sobre las materias primas, insumos, maquinarias industriales, equipos y bienes de capital a empresas de Zonas Francas y locales productoras de cadena textil, confección y accesorios, pieles, fabricación de calzados de manufactura de cuero; así como a las establecidas en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

El Congreso Nacional no puede seguir aprobando estas reformas tributarias parciales, sino llevar al Gobierno a la discusión del Pacto Fiscal, iniciando por la revisión de la calidad del gasto y el plan de contingencia ante el creciente endeudamiento público.

Para el próximo año tenemos que buscar un financiamiento por un monto de RD$213 mil 678 millones, equivalente al 5.5 % del PIB, de los cuales tendremos que pagar de capital de la deuda vencida la suma de RD$126 mil 676 millones, que representa un incremento de 46 % con relación al 2017, con la agravante de que se pagará RD$37 mil 455 millones de deuda administrativa.

Es bueno recordar que el 8 de febrero del presente año, el presidente Danilo Medina dictó el Decreto Núm. 15-17, en el cual se recoge lo establecido en el artículo 47, de la ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto, donde los organismos e instituciones del Estado no podrían suscribir contratos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios sin tener la certificación de balance en la cuenta presupuestaria que corresponda, es decir, que ninguna institución podría ejecutar un gasto sin previa reserva de los recursos para ello, en definitiva, no podría haber deuda administrativa.

Por lo tanto, ¿cómo vamos aprobar pagar deuda administrativa por un valor de RD$37 mil 455 millones a todas luces ilegales, y sin ni siquiera saber el hecho cierto que generó esa deuda? ¿Qué obra, bien o servicio se ejecutó? ¿A quiénes se les pagará?

Somos fieles creyentes de la apertura y la participación, y en las capacidades de nuestros colegas en materia de salud, educación, justicia, medio ambiente, agropecuaria, industria, turismo, energía, obras públicas, entre otras, estando seguros de los grandes aportes que pueden hacer en sus respectivas áreas para tener una ley de Presupuesto General del Estado que real y efectivamente sea un instrumento para el desarrollo humano.

En la conferencia de prensa estuvieron los legisladores: Gloria Reyes, Elías Báez,  Eduard Jorge Gómez, Manuel Andrés Bernard.

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