Modificación REA contraviene acuerdos internacionales y colocan en riesgos el trabajo realizados desde 2004

La correcta aplicación del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) que las autoridades monetarias y financieras del país puso a disposición desde el año 2004, es la garantía para que el sistema bancario nacional no vuelva a la quiebra, pero que la propuesta de modificación que presentan las autoridades contravienen acuerdos internacionales.

De acuerdo al ingeniero Salvador Ramírez, quien es experto en tasación de activo, esta modificación que se le quiere hacer al REA contraviene los acuerdos internacionales celebrados en la ciudad de Basilea, Suiza, los cuales procuran evitar las quiebras que en diferentes épocas y naciones se han producido en el sistema financiero.

Estos tratados, dice Ramírez, se hicieron con la finalidad de garantizar la estabilidad, transparencia y reducir los riesgos al momento de otorgar préstamos hipotecarios con garantías admisibles, valoradas por profesionales de la valuación debidamente certificados por las entidades competentes.

El REA plantea la necesidad de flexibilizar los controles de los demandantes de recursos económicos a través de la banca, abriendo un intersticio por donde pueda producirse un descalabro del estable sistema financiero que existe hasta la fecha. Contraviene además los acuerdos internacionales adoptados en los convenios de Basilea, donde se hace énfasis en la calidad crediticia y contar con informaciones veraces del mercado. Esta posición queda refrendada en todo el documento, entre los que podemos precisar el inciso d) del Considerando, el cual señala lo siguiente : “Ampliación de 5 a 8 las categorías de riesgos, lo que permitiría suavizar los requerimientos de provisiones entre una categoría de riesgo y otra”.

 

Por eso es que el REA es el documento que establece las pautas que debe seguir la banca, para evaluar,  provisionar y castigar los riesgos de los activos y sus contingentes. Define los criterios, conceptos, variables y clasificaciones que deben seguir las entidades para medir los riesgos, y los criterios a seguir para la eliminación o castigo de las partidas irrecuperables de sus balances.

 

Sin embargo, entiende que en esta oportunidad, se pretende modificar para flexibilización los controles y las normas prudenciales, que de manera inexorable afectarán la estabilidad del sistema financiero del país, si se pusiera en ejecución tal como ha sido elaborado, porque colocarían como valuadores a ajustadores de seguros, elevarían el monto de hasta  3.0 millones de pesos para que los bancos realicen sus propias valuaciones, convirtiéndose en juez y partes y además amplia el plazo de revisión de la tasación hasta 24 meses.

Cita el Título V del Reglamento, deja a discreción de las entidades de intermediación financiera, los criterios para la gestión, admisibilidad y valoración de las garantías. O sea, no siempre se exigirá una tasación de los bienes puestos en garantía.

Recuerda que desde su origen, la tasación ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo histórico de un nuevo contrato social, basado en la libertad, igualdad y confraternidad de los seres humanos, y del sistema financiero en el régimen capitalista, porque es una ciencia de la economía, cuyo laboratorio y campo de aplicación es el mercado.

 

En medio de la nueva composición del tablero económico internacional, luego de la primera crisis del capitalismo del 1929, y de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reorganización de la arquitectura económica mundial, a raíz de los acuerdos celebrados en el complejo hotelero de Bretton Woods, en 1945, lo que motivó que en 1949 surgiera la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación. Se trata de una organización internacional dedicada al avance de la profesión de valuación en el ámbito Panamericano. UPAV está compuesta por múltiples asociaciones afiliadas, representando los profesionales de valuación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

La participación de los tasadores en el período 1947 al 1973, fue factor importante para el crecimiento extraordinario de las economías capitalistas.

Ese crecimiento fue detenido abruptamente a partir de la década de los setenta, primero con la crisis del petróleo, cuando los países productores suspendieron el suministro a los países de occidente, y luego el 15 de agosto de 1971,  cuando el entonces Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dispuso de manera definitiva la no convertibilidad de la moneda en oro. Hasta ese momento el mundo no conocía que era la inflación.

En 1975 surge en la República Dominicana el Instituto Dominicano de Tasadores. Era necesario contar con profesionales que interpretaran las nuevas realidades del mercado.

La década de los ochenta fue declarada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, como la década perdida. En ese período se produjo en nuestro país un inusitado crecimiento de un sistema financiero que sedujo a millares de personas debido  a las atractivas tasas de interés pasivas que ofertaban.

 

Asimismo los dominicanos pudimos observar que ese sistema aparentemente fuerte, se desplomó «cual castillo de arena», ante la mirada de asombro, el grito y la impotencia colectiva de sus ahorrantes. Una de  las razones fue que se otorgaron préstamos sin estar avalados por una tasación realizada por un profesional competente.

 

El único requisito que entonces se exigía era el acordado en la ciudad de Basilea, Suiza, conocido como Basilea I, en 1988, y cuyo comité estuvo compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda y Japón, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza. Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba.  Entró en vigor en más de 130 países.

 

Como resultado de esa gran crisis, en el marco de las reformas financieras adoptadas por las autoridades dominicanas, la Junta Monetaria mediante resolución No. 23, de fecha 11 de agosto de 1993, marca un hito en la historia de la implementación de los controles y las normas prudenciales en la República Dominicana, en virtud de que  dispuso entre otras cosas que la evaluación de los riesgos de los activos fijos y de los bienes recibidos en pagos por las entidades de intermediación financiera, debían basarse en el valor comercial de referencia sobre la base de información contable preparada por entidades o profesionales inscritos en el registro de tasadores de la Superintendencia de Bancos. En la Superintendencia de Bancos se aperturó el registro de tasadores, en el que figuraban los profesionales calificados para tasar bienes.

 

Conviene resaltar que luego de la emisión de esa resolución No.23, el país no ha vuelto a conocer otra crisis bancaria, provocada por préstamos otorgados por encima del valor de mercado de los bienes puestos en garantía.

 

El 2 de julio de 1997 comenzó la Crisis Financiera Asiática, la cual afectó las economías de Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Se trató de la “Primera Gran Crisis de la Globalización”. Cuatro años antes, el Banco Mundial había elogiado el extraordinario crecimiento que habían experimentado las economías de esos países.

 

El 19 de junio de 1997, la Junta Monetaria emitió la Primera Resolución, la cual sustituye la resolución No. 23, con la cual reafirma su firme compromiso de que los financiamientos hipotecarios estén avalados por experticios valuatorios realizados por profesionales de la valuación.

 

El dispositivo de esta última resolución expresa lo siguiente : A partir de la fecha de esta Resolución, en lo que se refiere a la valorización de los activos propios de las entidades financieras, así como de los activos otorgados en garantía por operaciones de créditos, la Superintendencia de Bancos sólo aceptará de dichas entidades tasaciones realizadas por profesionales o firmas de profesionales que se dediquen a la valorización de activos que estén debidamente inscritos en una de las entidades gremiales que agrupan a dichos profesionales.

 

En Octubre del año 2000, en el XIX Congreso Panamericano de Valuación efectuado en la Isla de Margarita (Venezuela) se recomendó la adopción de las Normas Internacionales de Valuación (IVS, por sus siglas en inglés), por parte de los países afiliados a la UPAV.

En Junio del 2004, se celebra el Segundo Acuerdo de Basilea II. Se fundamenta en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria. El propósito de Basilea II, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

 

La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir.

 

Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004, en Basilea II, un nuevo conjunto de recomendaciones, apoyadas en tres pilares : a) Cálculo de los requisitos mínimos de capital, b) Proceso de supervisión de los fondos propios y las normas prudenciales, c) La disciplina del mercado, ya que se debía contar con informaciones veraces.

De conformidad con lo acordado en Basilea II en ese mismo año, la Superintendencia de Bancos y las entidades de intermediación financieras de la República Dominicana, emiten el Reglamento de Evaluación de Activos, luego de que fuera sometido a consultas públicas.

En el año 2007 estalla una gran crisis en los Estados Unidos, la cual impactó todo el planeta. El Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, autorizó otorgar préstamos hipotecarios por encima del valor de los activos puestos en garantía. Fueron las llamadas hipotecas subprime, que se refiere a los préstamos cuyo nivel de riesgo de impago es superior a la media de los otros créditos. La crisis que produjo en nuestro país en1989, por el otorgamiento de préstamos hipotecarios, se produjo en los Estados Unidos en ese año del 2007, por la misma razón.

El 16 de diciembre del 2010 se celebró Basilea III, cuyas propuestas se refieren a un conjunto de reforma para la regulación.

Basilea III es parte de una serie de iniciativas, promovidas por el Foro de la Estabilidad Financiera (FSB, Financial Stability Board por sus siglas en inglés) y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Se trata de la primera revisión de Basilea II (CRD II) y se llevó a cabo a lo largo de 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre de 2010.

Como se puede advertir, la disciplina del avalúo surgió para permanecer de manera inexorable en el tablero financiero internacional. Ha sido creada y se ha desarrollado para mantener la dinámica económica mundial.

 

Opinión sobre el nuevo REA

 

En el Considerando a), página 2, se establece lo siguiente : “La realidad actual de la economía dominicana, que demanda cada día nuevas y mejores herramientas para promover la inclusión financiera, la bancarización y un enfoque de evaluación y provisión de activos basados en riesgos”.

 

De forma inmediata se plantea la necesidad de flexibilizar los controles de los demandantes de recursos económicos a través de la banca, abriendo un intersticio por donde pueda producirse un descalabro del estable sistema financiero que existe hasta la fecha. Contraviene además los acuerdos internacionales adoptados en los convenios de Basilea, donde se hace énfasis en la calidad crediticia y contar con informaciones veraces del mercado. Esta posición queda refrendada en todo el documento, entre los que podemos precisar el inciso d) del Considerando, el cual señala lo siguiente : “Ampliación de 5 a 8 las categorías de riesgos, lo que permitiría suavizar los requerimientos de provisiones entre una categoría de riesgo y otra”.

 

En el segundo considerando de la página 9, se reitera nuevamente la flexibilización de los controles al exponer : “CONSIDERANDO que indica la Gerencia del Banco Central, que en relación a los beneficios de homologar los requerimientos de documentación según el tipo de empresa que sea el deudor, la Encuesta de Cultura Económica y Financiera 2014 realizada por el Banco Central, recoge que una de las principales razones reportadas por los hogares para no estar bancarizados son los excesivos requisitos y otras condiciones de una entidad de intermediación financiera formal, superando en frecuencia de respuesta a otros factores asociados a la no tenencia de productos financieros, como la falta de confianza en intermediarios financieros formales, y las altas comisiones, cargos por servicios y tasas de interés que estas instituciones cargan a sus clientes”. Esta posición de flexibilización se repite en los artículos 39, 45, 46, 48, y sus párrafos.

 

El Considerando b) de la página 2, plantea como justificación para la emisión del reglamento propuesto lo siguiente : “La evolución de las mejores prácticas a nivel internacional”.

 

La evolución de las mejores prácticas para mantener sano el sistema financiero son periódicamente revisadas y recogidas en las Normas Internacionales de Valuación, por un comité de expertos internacionales, cuya formación principal es la de tasador profesional, con aquilatado ejercicio de medio siglo de manera individual, en cada uno de sus países.

 

 

Otro aspecto a considerar, es que en el glosario de términos no aparece definido el concepto de tasador. Este profesional del avalúo es el único elemento neutral en el triángulo formado durante el proceso de financiamiento integrado por él mismo, el representante de la institución financiera que tiene interés de colocar dinero al público, y el solicitante del financiamiento.  El tasador tiene la prerrogativa de emitir una opinión de valor de las propiedades, sin que él personalmente tenga algún tipo de interés particular.

 

El actual Reglamento de Evaluación de Activos, a pesar de haber sido concebido para establecer y normatizar los criterios para la evaluación de los activos de las entidades de intermediación financiera, coloca en un segundo plano el papel fundamental que desempeña el tasador en la valuación de bienes muebles e inmuebles, a quien apenas menciona de soslayo, ya que sus enunciados están más orientados a las entidades crediticias. Sin embargo, destaca de manera más preponderante el rol del tasador dentro del sector financiero, tal como puede observarse en los artículos 22, 23, 24, 44 y 45.

En el acápite xi, del artículo 19, se pone en manos de un empleado bancario, no necesariamente conocedor de valuación, definir la edad cronológica, efectiva, útil remanente, etc., de un bien, y nos preguntamos : Bajo cuáles criterios?

 

El Título V del Reglamento, deja a discreción de las entidades de intermediación financiera, los criterios para la gestión, admisibilidad y valoración de las garantías. O sea, no siempre se exigirá una tasación de los bienes puestos en garantía. Ver también artículo 66.

 

En el inciso a), artículo 65, así como en el artículo 80, se incluye el concepto de Valor Razonable, el cual sin embargo no aparece en las definiciones.

 

Como se puede advertir, resulta imperativo que las autoridades financieras y monetarias escuchen las opiniones de todos los sectores, para que el documento final refuerce las normas prudenciales y los controles que debe mantener el sistema. Si algo ha asimilado la banca en todos los países del planeta, es aquella sentencia de prudente racionalidad administrativa que dice : “Los problemas surgen cuando se violan las normas”.

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