LOS CUESTIONAMIENTOS DE JUANA / por Juan Llado

Oriunda de Jamo, La Vega, Juana Saltitopa adquirió ese sobrenombre porque de niña gustaba de trepar a los árboles y saltar de rama en rama.  Esa habilidad no jugó un papel en el arrojo y valentía que demostró en la batalla independentista del 30 de marzo, pero pudo haber influenciado su conducta. Por eso habría que sospechar que su carácter saltarín se impondría si, henchida de patriotismo, fuera ahora a enjuiciar el informe de la Comisión de Punta Catalina (CPC), la entelequia creada por decreto para evaluar lo concerniente a la licitación y adjudicación de esa controvertida termoeléctrica.

Respetando el buen nombre y bonhomía de sus integrantes, la Saltitopa se percató que debía abordar el asunto con seriedad.  Pero al leer el Resumen Ejecutivo y ponderar las circunstancias alrededor de esa adjudicación, ella sentiría el deseo de tirarlo a la basura y descartarlo como una cómplice blandenguería.  Signadas por el masivo repudio a la corrupción que rodeaba el asunto, las razones le sobraban para albergar un escepticismo rampante.  Y aunque en su época no existía una red eléctrica y ella no tuviera suficiente conocimiento sobre los aspectos técnicos de la generación de electricidad, su acendrado patriotismo le habría labrado una intensa curiosidad por formarse un juicio propio sobre tan costoso asunto.

Según su instinto, lo primero que debió tomar en consideración la CPC fueron los antecedentes delictivos de la empresa ganadora de la licitación.  Odebrecht ha confesado haber pagado sobornos para conseguir contratos de obras estatales en el país desde el 2001 al 2014.  Como la adjudicación de la termoeléctrica tuvo lugar en el 2013, la CPC debió partir de la premisa de que se justificaba una presunción de culpabilidad (y no de inocencia).  Su indagatoria debió entonces centrarse en la búsqueda de los indicios de culpabilidad.  Sin embargo, el reporte parece estructurado para realzar lo contrario.

La presunción de que hubo engaño, fraude o simulación la refuerza el hecho de que la Procuraduría General de la Republica (PGR) notifico a la CPC que hubo soborno en el financiamiento de la obra, aunque el del BNDES nunca llegara.  Después de todo, actualmente hay tres legisladores encartados bajo la acusación de haber recibido coimas para aprobar los contratos de Odebrecht relativos a esta obra, entre los cuales figuran los del financiamiento.  La CPC estaba llamada a guiarse por la posición oficial de la PGR en este aspecto.

Desde el inicio de su indagatoria, la CPC debió asumir que la documentación que le seria suministrada estaba probablemente sesgada o viciada.  Tendría que ser muy novato el ladrón que, en una situación como esa, no arregla adecuadamente la documentación para que cualquier averiguación encuentre que “todo se hizo por el librito”.  De ahí que mas importante que determinar si se cumplió o no con las Bases de la Licitación era establecer si esas Bases eran correctas y si los que elaboraron las Bases y luego chequearon las ofertas actuaron debidamente.

No hay que olvidar que las emanaciones pútridas del dolo fueron sugeridas por uno de los miembros de la CPC al declarar públicamente, mientras la CPC sesionaba, que la actuación de la Stanley Consultants le había llenado de indignación.  Al ser esta la firma que elaboro las Bases de la Licitación y, al mismo tiempo, asigno la puntuación a los diferentes componentes de las ofertas recibidas, la CPC tuvo motivos más que suficiente para no amedrentarse con el temor de que sus miembros podrían recibir una revancha gubernamental.

¿Por qué la CPC dio como bueno y valido el pliego de condiciones de la licitación cuando dos honorables miembros del Comité de Licitación impugnaron sus resultados?  ¿Por qué se les negó los resultados del ejercicio de puntuación y solo los miembros del Comité que son empleados de la CDEEE los conocieron?  Esos honorables profesionales eran asesores del Ministerio de la Presidencia, cuyo incumbente disfruta de una sólida reputación de honradez personal, y desconocer reiteradamente sus objeciones demuestra una obstinación sospechosa de parte del Comité de Licitación que debió ser ponderada por la CPC.

Cabe resaltar que los cuestionamientos que introdujeron los ministeriales de la Presidencia fueron rechazados a unanimidad por los otros miembros del Comité de Licitación.  Entonces esa unanimidad se torna sospechosa en el instante en que se sabe que, con excepción de los ministeriales, todos sus miembros eran empleados de la CDEE.  En consecuencia, es dable suponer que el enfrentamiento de los ministeriales fue directamente con el Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, quien como jefe administrativo de todos los miembros del Comité que eran empleados marcaba la pauta a seguir.  Mueve a suspicacia que el principal funcionario que debió ser el principal beneficiario de cualquier coima –si la hubo—desconociera olímpicamente los criterios de los ministeriales presidenciales.

La actuación del Comité conformado por empleados de la CDEEE se hace más cuestionable aun porque sus juicios nunca fueron técnicos.  La decisión de favorecer al consorcio liderado por Odebrecht fue tomada sobre la base de las recomendaciones de los consultores contratados para valorar las ofertas y negar los resultados de ese trabajo a los ministeriales que los cuestionaron fue un mayúsculo desatino.  A los consultores había que ponerlos a justificar sus decisiones y lo mejor era, por tanto, dejarle ese trabajo a los ministeriales, quienes son gente mejor calificada y experimentada para este tipo de sopesamiento.  En vez de tomar el bando de los nacionales, ese Comité tomo el bando de los extranjeros.

La CPC recomendó modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas para que el Estado pueda en el futuro negociar con más holgura y ventaja.  No hay, por tanto, prueba mejor que esa de que las Bases de la Licitación no fueron las mejores para salvaguardar los intereses del Estado.  ¿Por qué no capto eso el Comité de Licitación?  Para colmo, la CPC también recomienda que en el futuro no se incurra en la práctica de integrar comités de este tipo, es decir, conformados mayoritariamente por empleados de la institución contratante.  Tal señalamiento es otra evidencia, para la Saltitopa, de que ese Comité estuvo viciado y de que debió integrar expertos externos locales bien calificados (ademas de los ministeriales) para evaluar la parte técnica de las ofertas.

Pero para la Saltitopa el Comité no fue el único que mostro una soberana negligencia en sus funciones.  Igualmente culpable lo fue el Consejo de Administración de la CDEEE, un organismo costosísimo que aprobó sin cuestionar nada todos los actos y decisiones del Comité.  ¿De qué sirve tener en ese Consejo miembros muy ampulosamente pagados que no son capaces de velar por los mejores intereses públicos mediante la fiscalización efectiva de la contratación de la más grande obra que ha licitado el Estado Dominicano en toda su historia?  No podrá escaparse la sospecha de que su membresía no es más que un caldero de nepotismo de la peor clase.

La Saltitopa habrá de cavilar también sobre los costos de la termoeléctrica.  Sobre esto se han presentado múltiples evaluaciones que tienden a coincidir en que hubo una gran sobrevaloración (http://somospueblo.com/un-canto-de-mujer-por-juan-llado/ yhttp://somospueblo.com/en-el-iglu-de-la-soledad-por-juan-llado/).  Muchos anos después de su tiempo, la Saltitopa se habría enterado, por boca de un técnico altamente calificado, que FTI hizo una comparación de precios en base al costo total y no en base a los costos de los diferentes componentes por separado.  Eso solo hubiese demostrado la sobrevaloración.  Pero también la oposición política (PRM) señala que las comparaciones de precios fueron malversaciones porque los costos de las plantas similares en los EEUU incluyen los otros costos que no están incluidos en los US$1,945 millones del valor del contrato (https://www.diariolibre.com/noticias/politica/prm-informe-de-la-comision-protege-los-intereses-de-odebrecht-y-justifica-gobierno-FE7547241).

Y ni hablar de la flagrante violación  de las Bases de la Licitación cuando el Comité de Licitación solo abrió el sobre contentivo de la propuesta económica de Odebrecht.  Inventarse una comparación sobre la base de un “competidor virtual” le pareció a la Saltitopa una macula más al procedimiento.

Visto lo anterior el informe de la CPC será cuestionado mientras vida e historia haya en nuestro país.  La esperanza de que la PGR se encargue de descubrir y judicializar el presunto dolo luce muy apagada habida cuenta de su dependencia administrativa y política.  Aunque tal vez nunca sea posible establecer “la verdad”, la Saltitopa no tendría más remedio que presumir ingenuo al CPC, aunque concuerde con él en que la obra debe terminarse y no pensar por ahora en una reconversión a gas.  Sin duda, la bonhomía y buenas intenciones de los integrantes de la CPC fueron burladas y de nada valdría la naturaleza saltarina de “la coronela” Saltitopa para corregir ese entuerto.

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