Los niveles de democracia están directamente vinculados a los niveles de corrupción

Durante los últimos años, la situación de la corrupción política volvió a crecer con fuerza en la opinión pública en América Latina a partir de diversos casos que involucraron a gobiernos con empresas. ¿Cuál es el panorama actual de la región? ¿Se están produciendo avances en la materia o aún los gobiernos no han desarrollado políticas públicas efectivas para acabar con la corrupción?

La conciencia acerca de la corrupción aumentó de manera sustancial en la región. Entre otras cosas, esto ha sido el resultado de una mayor transparencia en el manejo de las finanzas públicas, lo que generó una mayor necesidad de que los funcionarios rindan cuentas de sus acciones.

Desde comienzos del siglo XXI se desarrolló una gran cantidad de políticas públicas relacionadas con esta cuestión. Un ejemplo es la Alianza para el Gobierno Abierto(Open Government Partnership, OGP), que en 2011 tuvo como cofundadores a varios países en la región, como Brasil y México. En 2011 también Colombia se sumó a la iniciativa. La OGP tiene un fuerte componente anticorrupción y los gobiernos se comprometen a proveer, por ejemplo, acceso a información, datos públicos, participación pública y apertura fiscal.

En el nivel local, las políticas públicas buscan incrementar el arsenal de gobiernos y empresas para evitar la corrupción. Un ejemplo notable de esta búsqueda es elMecanismo de Denuncia de Alto Nivel en Colombia.

Muchos de los gobiernos de la región parecían comprometidos a desarrollar una nueva política alejada de las malas prácticas y de los vínculos espurios con empresas. ¿Qué sucedió para que los resultados no fueran los esperados? ¿Qué papel jugó el financiamiento privado de las campañas electorales en los casos de corrupción?

Hay muchas razones. Las regulaciones obsoletas o poco claras sobre la contratación pública son uno de los tantos factores que han dado lugar a fraudes, como el escándalo que involucró a los hermanos Nule en Colombia o los casos del mensalão y el petrolão en Brasil. La captura estatal (es decir, la influencia de los intereses privados en las instituciones estatales, las leyes y las reglamentaciones para asegurar su beneficio personal a expensas del bien público) es otro, como en los casos de Venezuela, Bolivia y Argentina (bajo el gobierno de los Kirchner). Asimismo, como muchos países en la región dependen de las industrias extractivas, muchos de ellos han reproducido las regulaciones de otras naciones (por ejemplo, Perú adoptó regulaciones similares a las de Chile), lo que ha conducido a resultados que distan de ser óptimos. Por último, el incremento en el gasto público destinado a bienestar social sin planificación a largo plazo aumentó las posibilidades de corrupción.

La financiación de los partidos políticos mediante fondos de la corrupción (por ejemplo, cuando las empresas pagan sobornos a los partidos políticos y/ o políticos que usan el dinero para su enriquecimiento personal o para sostener sus campañas políticas) conduce a una distorsión en los mercados y a corrupción en la contratación pública ( lo que conlleva mayores cargas impositivas para los contribuyentes a cambio de una menor calidad en los servicios), lo que debilita el proceso democrático, el Estado de derecho, etc.

¿Cuáles con los países más afectados por la corrupción política y cuáles podrían ser las causas?

De acuerdo con los investigadores, la corrupción y la democracia se correlacionan y varios índices que son bien conocidos también lo reflejan: un Estado de derecho débil, la falta de libertad en los medios de comunicación, el fracaso de los Estados para recaudar impuestos y distribuir dinero público de acuerdo con las buenas prácticas y siguiendo buenos principios de gobernabilidad, leyes débiles para la contratación pública, funcionarios públicos con remuneraciones inadecuadas, etc.

Solemos hablar de los corruptos pero omitimos a los corruptores. ¿Por qué tantas empresas se encuentran involucradas en hechos delictivos con los gobiernos de la región?

Sobornar a los funcionarios públicos para obtener contratos fue lamentablemente una práctica habitual hasta la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1997. El soborno a los funcionarios públicos ha sido criminalizado en casi todos, sino todos, los países de la región desde entonces. Además, las organizaciones internacionales, las sociedades civiles y los gobiernos nacionales han hecho grandes avances para desterrar esa práctica. El progreso ha sido lento pero ha redundado en resultados positivos.

¿Qué clase de «buenas prácticas» se podrían establecer para resolver la falta de transparencia en América Latina? ¿Cuáles recomendaría?

Creo que es posible identificar algunas políticas que servirían para la cuestión. Destacaría las siguientes:

  • Fortalecer el Estado de derecho (eliminando a jueces y fiscales corruptos) y aplicar la ley de manera justa y eficaz. Terminar con la impunidad en los casos de corrupción que involucran a políticos, jefes de empresas y otras personas destacadas.
  • Desarrollar la transparencia en la práctica: implementar contrataciones abiertas, transparentar el gasto público, hacer comparaciones de precios en las dependencias gubernamentales, evaluar comparativamente servicios y costos.
  • Exigir que quienes ocupen cargos públicos rindan cuenta de sus actos y asegurar que el rol del auditor general esté claramente definido y que cuente con los recursos adecuados y personal competente. El auditor general debe ofrecer una garantía independiente de que las actividades gubernamentales se desarrollan de acuerdo con las intenciones parlamentarias y de que se rindan cuentas por ellas.
  • Una activa participación ciudadana en asuntos de Estado. Por ejemplo, en la municipalidad de Nejapa, El Salvador, el gobierno municipal se asoció con ONG locales y buscó incrementar la participación ciudadana en la política local, lo cual resultó en un gran aumento en el acceso de los residentes a agua potable, retretes y electricidad. Los presupuestos participativos en Brasil y los consejos de política pública son otros buenos ejemplos de una ciudadanía activa.
  • Elecciones limpias y una fuerte participación del votante. Fuente: Revista Nueva Sociedad
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