LA ATRASADA LEY DEL IDECOOP, FRENTE AL AVANCE ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS.

Según sostiene el jurista Cesar Amadeo Peralta, experto en fraudes bancarios y delitos económicos, para el sector cooperativo dominicano, es urgente la revisión, modificación, adecuación y actualización de la ley que rige el marco legal del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, (IDECOOP) la cual data de hace casi 60 años, tiempo en los cuales el mundo y el país eran diferentes en todos los aspectos.

La actual ley que rige las cooperativas, no solamente es ambigua, obsoleta, ineficiente, inoperante y atrasada, sino también que mantiene esa entidad en una especie de ahogamiento económico que le ata las manos para un fiel y efectivo cumplimiento de su rol como ente del Estado Dominicano, llamado a regular todo lo relativo a la creación, control y manejo de todas las cooperativas y sus funcionamientos como entes de desarrollo social y económico de un amplio sector del país.

Refiere el jurista que ya ha sido consensuado con el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) un nuevo marco legal ajustado a los nuevos tiempos, para que sea creada mediante ley que deberá emanar del congreso una Superintendencia de Cooperativas de la Rep. Dom (SUPERCOOPRD) dotada de nuevas atribuciones, funciones, marcos regulatorios internos y externos, fiscalizaciones, sanciones, y recursos para un efectivo funcionamiento institucional, así como una profunda transformación interna operativa y un cambio de imagen, logo y colores que ayude a su nueva inserción pública y social ante el país y los sectores económicos de su ámbito de aplicación.

Ahora le toca a los legisladores cumplir su rol y entender que el pujante sector cooperativista ya no puede más seguir en el letargo jurídico y de atraso legislativo, pero que sea siempre escuchando los sectores que intervienen junto al órgano regulador, ya que esta nueva legislación ha sido consensuada siguiendo los lineamientos internacionales sobre la materia por parte de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el mayor organismo del mundo en materia de cooperativas demás del comité Aci- Para las Américas y la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América (CCCCA).

Entiende el jurista, Amadeo Peralta que esta nueva legislación deberá contener la creación y activación de un sistema de alerta o indicadores que van a fortalecer la supervisión y la regulación de las cooperativas acompañada de un claro preciso régimen de consecuencias para quienes incurran en desfalcos, quiebras fraudulentas, falseo de estados financieros, ocultamiento de causas que motiven una supervisión entre otras faltas graves por incumplimiento de normas regulatorias, entre otras disposiciones, todo con la finalidad de proteger los ahorros de miles de familias que han venido a confiar en el sistema cooperativista y del cual el Estado Dominicano les debe las más absolutas garantías.

El especialista en fraudes bancarios, Lic. Cesar Amadeo Peralta, entiende que esta nueva normativa, deberá garantizar para beneficio de todos los socios el sistema de gobernabilidad y transparencia interna de la administración y gestión de los directivos de las cooperativas así como la creación de áreas para la prevención del lavado de activos, provenientes de cualquier actividad ilícita así como de las políticas mundiales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo así como un claro y transparente sistema de elección, duración, prohibiciones y renovación de mandatos con consecuencias para quienes violen los sistemas de elección, permanencia e imposiciones dictatoriales o ilegales, junto a quienes les acompañen en tales acciones, lo que servirá para democratizar la forma de elección, reelección o duración en las funciones así como la incompatibilidades propias de la función siempre con un régimen de consecuencias que podrá ser promovido por el órgano regulador del estado o por cualquier socio afectado.

Se hace necesario regular la instalación, no solamente de las cooperativas existentes, sino también la apertura de nuevas y traslados de estas así como distancias entre unas y otras, así como regulación laboral.

Todo lo anteriormente expresado reviste para las Cooperativas y para el Estado, una importancia capital ya que según fuentes del propio Consejo Nacional de cooperativas son unas 767 y estas en conjunto manejan cada año casi 80 mil millones de pesos casi 28 millones en pasivos y cuya cantidad de socios ahorrantes se acerca a un millón cuatrocientos mil socios (1,400,000) generando casi 60 mil empleaos de los cuales casi 12 mil son empleados directos y casi 50 mil empleos indirectos, con casi 900 sucursales a nivel nacional, lo que no puede seguirse manejando de espaldas a una regulación legal adecuada a sus necesidades, concluyó el abogado Cesar Amadeo Peralta.

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