¿QUI BONO CIUDAD COLONIAL? /Por Juan Llado.

Por décadas, una cúpula intelectual con afición a la historia ha atesorado el sueño de la “remodelación” o “revitalización” del centro histórico de Santo Domingo. Su motivación original fue el deterioro que acusaban los monumentos y sitios que simbolizan nuestra época colonial. La primera gran concreción de ese sueño fue el Plan Cuna de América de 1981, el cual fue engavetado por falta de recursos. Hoy los recursos parecen sobrar, pero el sueño original se ha transfigurado en pesadilla por la visión irracional de algunas de las intervenciones logradas y planeadas.

El Programa de Fomento al Turismo que ahora ejecuta el Ministerio de Turismo, con un préstamo del BID de US$30 millones, ha sido la primera gran intervención después de las restauraciones de la era balaguerista. Este ha generado muchas contradicciones con algunas importantes instancias profesionales y con los habitantes del lugar, siendo la más ríspida hasta ahora el proyecto de rediseño de las Ruinas de San Francisco. Y todo se debe a que al planificarse ese Programa, así como una propuesta segunda etapa que financiaría otro préstamo del BID por US$90 millones, no se ha conceptualizado debidamente la función fundamental del centro histórico.

El ímpetu del Plan Cuna de América no fue solo el afán por restaurar sus ruinas y remodelar sus espacios públicos. Su propuesta intervención se justificó también en base a los beneficios que se derivarían de la explotación turística del lugar. Ese enfoque predominó también en el subsecuente Plan Estratégico (“Lombardi”) del 2006 y ahora el mencionado Programa ha tenido como propósito central adecuar el recinto para la visitación turística. En tales designios se ha soslayado el valor que representa la Ciudad Colonial (CC) para la población en tanto un referente clave de nuestra identidad nacional, lo cual debió y debe primar por sobre todas las demás consideraciones.

Queremos preservar el recinto principalmente para que las presentes y futuras generaciones puedan conocer sus raíces históricas, independientemente de que deban discernir cuales de esas raíces deben enorgullecernos y cuáles no. El conocimiento de la historia que deriva la población al visitar el sitio le ayuda a comprender su presente y es el mejor acicate para no volver a repetir sus más siniestros hitos. Debemos glorificar, por ejemplo, el hecho de que la Cuna de América fue también la cuna de la doctrina universal de los derechos humanos, pero debemos abjurar de las razones de ese hecho.
De ahí se desprende que el objetivo último de las intervenciones públicas para preservar el recinto sea el de que se convierta en una clave del pasado nacional. La población entera debe embeberse en sus leyendas y extraer de sus monumentos y sitios las lecciones que enriquezcan el ejercicio ciudadano. Los habitantes actuales del recinto deberán acoger las visitas de los demás nacionales como un testimonio de solidaridad y cohesión nacional, provengan de cualquier barrio de la capital o de los más remotos rincones de nuestra geografía. De particular importancia serían las visitas de hordas de estudiantes provenientes de todos los rincones del país.

En consecuencia, el aprovechamiento turístico del centro histórico no califica como primordial y debe enfocarse como un propósito de segunda prioridad. Por más ingresos y empleos que la visitación extranjera pueda generar, la utilización de la reliquia debe primero obedecer a los requisitos del fortalecimiento de la identidad nacional (al evocar sus raíces). Por eso las intervenciones no pueden desfigurar los vestigios históricos para convertirlos en juguetes modernos para turistas extranjeros. Es al turista nacional a quien primero debe atenderse porque de su visitación se deriva la identificación e internalización de la personería histórica de la nacion.

Vistas de esta manera, el sesgo intervencionista que ha propiciado el Programa mencionado es muy cuestionable. Prominentes restauradores y arquitectos han señalado que sus fines mercuriales han envilecido el ambiente colonial, transformándolo más en un centro comercial (“mall”) o resort de playa que en un baluarte de nuestra urdimbre histórica. Los trabajos de recuperación de fachadas, las calzadas de la Calle Arzobispo Merino y los odiosos bolardos que hostilizan al nacional en la Ciudad de Ovando son las manifestaciones más urticantes. Ellas dan la impresión de que se ha querido, con esa telaraña de modernidad que mata el aire colonial de antaño, recrear la burbuja fantasiosa del resort para extasiar al extranjero.

El sórdido maquillaje es valorado por nuestras clases adineradas y en los fines de semana sus grandes yipetas copan los parqueos y calzadas. Son los ricos clientes de los sitios de entretención a los que no pueden tener acceso los pobres del país, las grandes mayorías. Tal sesgo desdeña el valor de la más importante visita del nacional. Por eso nunca se ven hordas de estudiantes de Dajabón o cualquier otro lugar del país, aunque si se ven ya muchas hordas de turistas extranjeros. Queda claro que las intervenciones realizadas no buscan ni atraer al nacional ni hacer el sitio más plausible para los pobres nuestros que quieran inspeccionar sus raíces.

Aparte de esas consideraciones, es lamentable que se está propiciando la expulsión de los pobladores a medida que una oleada de comercialización para turistas extranjeros arropa el ambiente y se encarecen los bienes raíces. Lejos de reflejar nuestra historia, el recinto ahora se parece a algunas ciudades del viejo continente donde se ha privilegiado el turismo de manera malsana. Lo que manda el objetivo de realzar nuestra identidad es que los habitantes del recinto se arraiguen más en sus viviendas y constituyan el elixir almibarado de la zona.

En vez de querer gastarse otros US$90 millones en el acicalamiento “turístico” del estilo que predomina en el actual Programa, un nuevo proyecto debería, por ejemplo, darle prioridad al desarrollo de una línea del metro para hacer el centro histórico más accesible a la población capitalina de medianos y bajos ingresos. Esto se consigue con facilidad y relativo bajo costo si se empalma la estación Joaquin Balaguer con el Parque Independencia, un recorrido subterráneo –posiblemente debajo de la Calle Santiago—que no excedería un kilómetro adicional.

De la misma manera, lo que debe propiciarse es que las hordas de compradores nacionales se mezclen con los turistas extranjeros en las tiendas de las calles El Conde y Mella. Eso le impartiría mayor autenticidad al recinto y, por tanto, lo haría más atractivo para los turistas. Por otro lado, debería ser más prioritario que los recursos del Ministerio de Turismo se gasten en viabilizar las visitas estudiantiles desde remotos lugares del país que en los espectáculos musicales que patrocinan para un escaso público de clase media alta. Y si quieren un nuevo proyecto para la CC que lo limiten a la línea del metro, la remodelación del Mercado Modelo y el mejoramiento de las viviendas de sus habitantes pobres.

Argumentar que se necesita acrecentar el “acicalamiento turístico” de la CC porque de otro modo no vendrían los turistas es exhibir un despistado desconocimiento. Los turistas que la visitan actualmente vienen en excursiones diurnas desde Bavaro y Punta Cana y de los cruceros; los que pernoctan en la ciudad son turistas de negocios que no han demostrado tener mucha inclinación por esa visitación. Ambas categorías de excursionistas no duran más de seis horas en la ciudad y visitaran el centro histórico porque “no les queda de otra”. Es decir, es la principal atracción de la ciudad y la continuaran visitando porque es una visita obligada. Un mayor acicalamiento no es indispensable.

Algunos de los empresarios de la CC son los que exigen una segunda y derrochadora etapa del remozamiento en curso. Pero ellos deberán comprender que el gasto público debe reflejar las consideraciones de equidad social y que, frente a la conveniencia de que sea el nacional el protagonista principal del turismo colonial, sus ambiciones deben temperarse. Deben conformarse con que la elite económica de la ciudad les favorezca con su clientela y aceptar que en la configuración del patrimonio histórico no son solo ellos los que hay que tomar en cuenta para las decisiones. Los más pobres son los que no se están beneficiando directamente de la inversión que hace el Gobierno y son precisamente ellos los que deberían recibir los mayores beneficios. De ahí que el Congreso Nacional no deba aprobar el nuevo préstamo de US$90 millones para desfigurar más la CC.

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